Incorporar los bosques de lenga que pertenecen al Estado (70% del 1.400.000 hectáreas) a la producción maderera, ya sea formando parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (bajo la tuición de CONAF) o Terrenos Fiscales (en manos del Ministerio de Bienes Nacionales), mediante un mecanismo que asegure al Estado la sustentabilidad del recurso.