¿Es posible una política de cooperativas en Chile?

Por Felipe Correa

En una columna anterior publicada en El Desconcierto se señalaba cómo y por qué el fomento de las empresas cooperativas de trabajo en Chile -forma de propiedad donde los dueños de la empresa son los propios trabajadores- podría considerar como elemento central la dimensión territorial, es decir, el espacio local (comunal) donde se insertan. O, dicho de otra forma, cómo una política pública de fomento productivo orientada específicamente a la creación y desarrollo de empresas cooperativas puede considerar al gobierno local (municipalidad) como un agente relevante. En ese sentido, destaca que algunas municipalidades ya han comenzado a encaminar esfuerzos hacia esta dirección, tanto en sus Planes de Desarrollo Comunal como en la ejecución de sus políticas.

Teniendo esto en mente, ¿es posible pensar alguna forma que lidie con tan diversas realidades como son las 346 comunas de Chile? ¿Hay alguna forma en que un Estado centralizado como es el chileno, pueda cumplir satisfactoriamente con la elaboración de políticas para 346 sistemas productivos distintos? A continuación, ofrecemos algunas reflexiones al respecto, que pueden ayudar a pensar una política inteligente para la promoción de las empresas cooperativas y las diversas formas de la economía social.

En un estudio publicado en 1984 por Chris Cornforth se indaga sobre el efecto que tuvo el establecimiento de Agencias Locales de Desarrollo Cooperativo (ALDC) en Reino Unido a partir de 1977, lo que, según los autores, contribuyó a incrementar rápidamente el número de empresas cooperativas en aquel país. De las cifras se destaca que entre 1980 y 1982, en las áreas en que se habían establecido Agencias Locales de Desarrollo Cooperativo, el número de empresas de este tipo creció en un 131%, comparado a un crecimiento de 24% en aquellas áreas donde no había Agencias Locales. Una diferencia similar se observó al comparar el empleo generado por las empresas cooperativas de las áreas con y sin Agencias Locales de Desarrollo Cooperativo.

Pero el establecimiento de estas Agencias Locales de Desarrollo Cooperativo no fue homogéneo y tampoco completamente espontáneo. Los esfuerzos comenzaron en 1976 con la provisión de $2.1 millones de dólares de la época para la promoción de empresas cooperativas, y el establecimiento de fondos especiales para préstamos dirigidos a este tipo de empresas. Dos años después, en 1978, el gobierno creó la Agencia Nacional de Desarrollo Cooperativo. A partir de ese momento, las Agencias Locales nacieron al alero de los gobiernos locales, de forma directa con funcionarios públicos, pero también de forma más independiente, en lugares donde las empresas cooperativas del área podían sostener por su propia cuenta una Agencia Local de Desarrollo, contando siempre con el apoyo del gobierno local.

¿Sería posible pensar para Chile una política similar, donde Agencias Locales de Desarrollo Cooperativo pudieran avanzar más rápidamente en el apoyo a la creación de empresas, con el consecuente incremente en un empleo de nuevo tipo?

Una señal en este sentido lo da el Ministerio de Economía a través del Balance de Gestión Integral 2016 de su Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, quienes señalan como uno de los objetivos para este año 2017 es la realización de "convenios de colaboración con municipalidades en temáticas de asociatividad y economía social", algo inédito hasta ahora.

Considerar el aspecto territorial, y por ende los gobiernos locales dentro de la política de fomento a este tipo de empresas, es fundamental. Así lo han entendido también otros organismos del gobierno central donde este tipo de convenios colaboración es algo habitual. Ejemplo de esto es lo realizado por instituciones como ChileCompra, Corfo, Sernac, Sercotec o Sernatur.

Menciones aparte merecen los esfuerzos del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap). Mientras que al 2015 el Fosis tenía convenios con 331 municipalidades para la ejecución del programa Puente, Sence presentaba convenios con 301 municipalidades para su programa de Fortalecimiento de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral (Fomil), a lo que se sumaban otros 127 convenios del programa + Capaz (capacitación).

El caso de Indap es quizás el más destacables pues implica no solo la transferencia de recursos y la creación de Unidades Operativas Comunales (UPC) dedicadas exclusivamente a la ejecución de los Programas de Desarrollo Local (Prodesal), sino también la planificación a mediano plazo, pues a diferencia de los organismos anteriores, desde el año 2015 Indap mantiene una política de convenios que consideran un horizonte de planificación de cuatro años.

Una Política de Desarrollo Cooperativo basada en Agencias Locales de Desarrollo Cooperativopuede aprender bastante de la experiencia de los organismos antes mencionados, incluidos aquellos que en general realizan convenios de colaboración solo con asistencia técnica y sin traspaso de recursos (como Conaf o Dibam).

Para ser realista, una política de este tipo debe considerar que hoy, la División de Asociatividad y Economía Social (DAES), unidad del Ministerio de Economía encargada de organizar, administrar y gestionar acciones relacionadas con las distintas entidades de la Economía Social y Cooperativa, cuenta con escasos recursos asignados por el gobierno central para gestionar una política efectiva de fomento cooperativo.

Sin embargo, en los últimos años se han realizado algunos avances. Por ejemplo, las bases de los programas concursables disponibles de las distintas instituciones de fomento productivo han empezado a incluir la posibilidad de postulación de empresas cooperativas a sus fondos (es decir, a no excluirlas), incluso en algunos casos con líneas especiales de financiamiento para empresas cooperativas y de la economía social. Como se señala en el Balance de Gestión Integral 2016 antes citado, algunos de los organismos involucrados en este rediseño han sido Sercotec, Fosis, FIA, Indap, ProChile, Conadi, Ssenadis y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Tomando todo lo anterior en consideración, es posible pensar que una Política de Desarrollo Cooperativo pueda considerar el establecimiento de las nombradas Agencias Locales de Desarrollo Cooperativo, anclados al quehacer de las municipalidades, de forma similar a como funcionan las oficinas y unidades dedicadas a la intermediación laboral y la capacitación (Sence), al acompañamiento psico-laboral (Fosis), a la protección de los derechos del consumidor (Ssernac) o al desarrollo agropecuario local (Indap). La diferencia en este caso es que los convenios que establezcan la conformación de estas Agencias Locales implican una asesoría de parte del DAES que no considera financiamiento, pero cuya asistencia técnica está dedicada justamente al levantamiento de recursos desde los demás organismos encargados del otorgamiento de fondos, incluyendo la posible mediación con las sucursales comunales que tiene Banco Estado a lo largo del país. Esto, al menos, hasta que en Chile no se establezca un Instituto de Desarrollo Cooperativo -tomando como ejemplo al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap)- que reúna en un solo organismo el financiamiento de una política activa de desarrollo de las empresas cooperativas y de la economía social, considerando una cogestión de la política con las organizaciones cooperativas, y de forma similar a como sucedió en Reino Unido.

Según datos del Servicio de Impuestos Internos, al 2015 existíanempresas cooperativas activas en al menos 205 comunas de Chile. Así, sería posible pensar en una política que se extiende rápidamente en las comunas del país, en la medida en que los gobiernos locales tengan la voluntad de llevar adelante políticas orientadas a incursionar en el fomento de estos tipos de modelos alternativos de propiedad. Pues para la gran mayoría de las municipalidades, esta será una experiencia nueva no exenta de riesgos y tropiezos. Sin embargo, los logros conseguidos pueden eventualmente superar ampliamente los costos, debido fundamentalmente a que no se trata de generar emprendimientos tradicionales, sino emprendimientos y formas de organización productiva que además de generar empleos e ingresos más estables, se basan en un paradigma radicalmente distinto, uno que enfatiza la confianza, el sentido de pertenencia, el respeto social y medioambiental, la colaboración, la inclusión, y el desarrollo humano integral.

Fuente: El Desconcierto