¿Funcionan los incentivos a la I+D?

Recientemente, la Corfo informó a través de este medio que durante el año 2016 se certificaron 195 proyectos de innovación y desarrollo (I+D) para acceder al beneficio tributario que establece la ley, por un monto de $ 76.477 millones, lo cual supera en casi 30% la cifra del año 2015, que a su vez había superado en más de un 50% el valor de lo certificado durante el período 2014. Esta tendencia alcista en el uso de este beneficio tributario tiene su origen en el cambio de legislación que se aprobó el año 2012, a través del cual se estableció un incentivo mucho más directo: hasta esa fecha las empresas podían descontar del impuesto a las utilidades un 35% del monto destinado a actividades de I+D, pero limitado a contratos suscritos con un tercero (centro de investigación) y con bastantes restricciones. Habiéndose obtenido resultados muy insatisfactorios bajo esa modalidad, y en un contexto de marcada debilidad relativa de Chile frente a otros países en materia de recursos destinados a I+D, durante el gobierno anterior se resolvió potenciar y flexibilizar el incentivo tributario, esencialmente no limitando el beneficio a las actividades de I+D contratadas con terceros, sino que abriendo también la opción a certificar proyectos realizados al interior de las propias empresas, y aumentando el tope máximo anual a imputar como crédito tributario.

Hay consenso en cuanto a que uno de los principales desafíos que enfrenta la economía chilena para aumentar su potencial de expansión radica en recuperar las ganancias de productividad como fuente de crecimiento, y en esta tarea las actividades de I+D juegan un rol importante. Las externalidades positivas asociadas al desarrollo de iniciativas innovadoras justifican, en el marco de una economía de mercado, el otorgamiento de algún tipo de incentivo para fomentar un desarrollo adicional de este tipo de actividades. Y lo que las cifras están mostrando es que las empresas están reaccionando positivamente a este estímulo. De acuerdo a las estimaciones de Corfo, este año deberían certificarse proyectos por un monto aproximado a $ 90.000 millones, lo cual permitirá continuar avanzando en la dirección que el país necesita: Chile requiere no solo aumentar la proporción de los recursos que destina a actividades de I+D -hoy día menos de 0,4% del PIB, ante un promedio de los países Ocde de 2,4%-, sino que también debe incrementar la porción que tiene su origen en iniciativas privadas.

La gran ventaja del estímulo tributario que contiene la ley vigente es que no discrimina entre sectores productivos, sino que los deja a todos en igualdad de condiciones, y permite que sea el propio mercado el que vaya decidiendo qué tipo de proyectos certificar. Y no deja de ser decidor constatar que la mayor proporción de los proyectos certificados corresponden a los sectores minero y forestal, que son precisamente dos áreas en las que el país tiene evidentes ventajas. Esta es una clara demostración que no se debe tratar de forzar el desarrollo de nuevos sectores con una actitud voluntarista, sino que lo más conveniente es buscar un mayor potencial creando condiciones para innovar a partir de los sectores en que el país ya tiene ventajas. La transformación de la matriz productiva de Chile es algo que se irá dando en forma natural, pero en la medida que el entorno para innovar sea el adecuado. Y esto requiere mucho más que incentivos tributarios y programas de apoyo desde las agencias estatales.