Irina Reyes, gerenta Transforma Cambio Climático y participación de empresas: “Sumarse hoy es construir ventajas competitivas reales en un contexto de transformación profunda de la economía”

La acción climática enfrenta hoy un desafío central: pasar de iniciativas aisladas a transformaciones estructurales con impacto económico, territorial y ambiental. La transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático exige más que compromisos: requiere coordinación, capacidades y modelos que permitan llevar la estrategia a resultados concretos y verificables. En ese escenario, el programa estratégico de Corfo, Transforma Cambio Climático (TCC), que fue lanzado en junio de 2023, se ha instalado como una plataforma habilitante, capaz de traducir los marcos estratégicos nacionales en condiciones operativas para empresas, sectores productivos y territorios, articulando a los principales actores en torno a soluciones de mitigación y adaptación, con un fuerte componente tecnológico.

Al culminar el año 2025, su segundo año operativo, el programa avanzó desde la planificación hacia la puesta en marcha de pilotos inéditos en finanzas verdes; gestión de nuevas certificaciones ambientales -que incluyen la cuantificación de huella de carbono de productos del sector manufacturero y la propuesta de diseño de etiquetado ambiental-; distritos industriales sostenibles y soluciones basadas en la naturaleza, con la participación creciente de empresas y actores regionales.

El año pasado, el programa dio un giro decisivo hacia la implementación de pilotos que abordan brechas críticas de la transición climática, como el acceso a financiamiento, la adopción de estándares ambientales, la gestión del capital natural y el fortalecimiento de capacidades empresariales, con especial foco en PYMEs. Su iniciativa BioAysén y la formación del primer Banco de Biodiversidad del país reflejan un cambio de paradigma: integrar en las estrategias sostenibles y modelos de negocio iniciativas innovadoras, entre ellas, soluciones basadas en la naturaleza, resiliencia productiva y generación de valor económico, dando pasos tangibles hacia la transformación productiva sostenible y acelerando el cumplimiento de los compromisos climáticos del país, para ir anticipando la meta de la carbono neutralidad al año 2050.

En esta entrevista con País Circular, la gerenta del programa, Irina Reyes, reflexiona sobre los aprendizajes de este proceso, las barreras que aún persisten frente al crecimiento de soluciones tecnológicas, el rol de la colaboración público-privada en la reducción de riesgos de adopción y las prioridades estratégicas y oportunidades para 2026, un año que, según ella, marcará un punto de inflexión en el escalamiento de la acción climática productiva en Chile, siendo clave para demostrar impacto y consolidar modelos replicables.

-El programa es un articulador clave de la acción climática nacional ¿Dónde se encuentran sus mayores fortalezas o su adicionalidad para impulsar este propósito?
La principal adicionalidad está en su rol articulador del ecosistema. A diferencia de iniciativas que operan proyecto a proyecto, TCC trabaja con visión sistémica y de largo plazo, integrando mitigación y adaptación, conectando sectores productivos, territorios, financiamiento y política pública. Su modelo de gobernanza operativa permite co‑crear soluciones, reducir riesgos de adopción y acelerar la implementación.

Su foco en escalabilidad y replicabilidad transforma pilotos en modelos transferibles, generando bienes públicos y capacidades que perduran más allá de la ejecución del programa. TCC se posiciona como instrumento habilitante de la acción climática desde el desarrollo productivo, traduciendo los marcos estratégicos nacionales -Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) y NDC- en condiciones operativas concretas para empresas y territorios.

Actuamos sobre brechas que han limitado la acción climática del sector productivo: fragmentación institucional, asimetrías de información, barreras de financiamiento y déficits de capacidades técnicas. Nuestro rol no es reemplazar instrumentos existentes, sino articularlos, alinearlos y potenciar su impacto, conectando agenda pública con decisiones privadas. Esa capacidad de traducir estrategia en ejecución es nuestro atributo diferenciador.

-La colaboración público-privada es un eje fundamental ¿Cómo ha sido el proceso de convocatoria de los actores y cómo ha evolucionado desde el inicio del programa?
La gobernanza del programa facilita la coordinación permanente entre actores con distintos mandatos y horizontes temporales, lo que ha permitido alinear incentivos, compartir riesgos y construir agendas comunes. El proceso ha sido progresivo. En la fase inicial convocamos actores tempranos con mayor madurez técnica y compromiso climático, construyendo una base de confianza y legitimidad. En la elaboración de la Hoja de Ruta a 10 años participaron más de 150 actores de distintas industrias en diagnóstico, visión y definición de líneas de acción. A partir de esa masa crítica, ampliamos el alcance hacia sectores tradicionales, PYMEs y actores regionales, que enfrentan mayores barreras para incorporar la agenda climática.

La evolución ha sido clara: pasamos de una convocatoria centrada en diseño y diagnóstico a una participación orientada a implementación, pilotaje y escalamiento. Hoy, TCC opera como plataforma multisectorial, donde convergen intereses públicos y privados en torno a competitividad y sostenibilidad de largo plazo. La gobernanza se organiza en un Comité Ejecutivo liderado por Acción Empresas, con participación de CLG-Chile, Climatech, Sistema B y la incorporación de ASIMET [por confirmar fecha]. Además, existen 4 comités gestores (certificaciones, finanzas sostenibles, barrios industriales sostenibles y OMEC/SbN), los que suman más de 350 participantes.

-¿Qué alianzas estratégicas fueron determinantes para avanzar en los objetivos del programa durante 2025?
Fueron determinantes las alianzas con ministerios articulados con el cambio climático (Hacienda, Economía y Medio Ambiente), Agencias técnicas especializadas (UNEP FI - CAF - IICA - INIA - ODEPA), Asociaciones gremiales y diversas instituciones académicas, así como con empresas líderes de distintos sectores productivos que han asumido un rol activo en la transición hacia modelos circulares y bajos en carbono.

Arauco, CMPC, CMP, Frutícola Olmué, Viña Concha y Toro, FSC, Colún, Nestlé Chile, Puerto Antofagasta, entre otras; son empresas vinculadas a alguna de las iniciativas definidas para nuestro primer trienio y en relación directa con los sectores prioritarios del programa; siendo estos el silvoagropecuario y manufacturero.

Estas alianzas permitieron avanzar desde la conceptualización hacia la implementación de acciones en ámbitos clave, como finanzas verdes, certificaciones ambientales voluntarias, distritos industriales sostenibles, promoción de tecnologías bajas en carbono, soluciones basadas en la naturaleza y gestión de capital natural, demostrando la viabilidad económica y operativa en el desarrollo de proyectos de esta índole.

La articulación con gremios empresariales y asociaciones sectoriales -como ASIMET, Acción Empresas, CLG-Chile, AIR y asociaciones regionales- fue especialmente relevante para escalar proyectos y experiencias piloto hacia transformaciones estructurales en cadenas de valor que integren el enfoque de adaptación y mitigación al cambio climático en la gestión y procesos. A través de estos espacios, fue posible articular visiones compartidas, identificar brechas regulatorias y tecnológicas, y co-diseñar soluciones alineadas tanto, con los desafíos productivos, como con los compromisos climáticos del país. Sellamos la firma de diez acuerdos y otros siete se encuentran en proceso de firmarse.

-¿Qué indicadores utilizan para medir el impacto y qué resultados muestran en 2025?
El programa utiliza un modelo de seguimiento de Corfo que, alineado con la Hoja de Ruta y con los objetivos de la ECLP combina métricas de proceso, resultado e impacto estructural. Este enfoque permite no solo monitorear el avance operativo de las iniciativas, sino también evaluar su contribución efectiva a la transformación productiva frente al cambio climático.

Trabajamos con indicadores de articulación y gobernanza; de implementación; de capacidades y, de escalamiento y proyección, los que muestran avances significativos, particularmente en el tránsito desde la planificación estratégica hacia la ejecución concreta de pilotos de impacto, con una participación creciente y activa del sector privado. Adicionalmente, evidencian el posicionamiento progresivo del programa como referente nacional en articulación público-privada para la acción climática productiva, con mayor reconocimiento institucional, capacidad de incidencia en agendas sectoriales y generación de aprendizajes transferibles para políticas públicas e instrumentos de fomento.

Al cierre de 2025, ejecutamos cuatro pilotos: Barrios Industriales Sostenibles La Reina; Certificación voluntaria (Huella Chile, Certificado Azul); BioAysén/el primer Banco de Biodiversidad del país y Financiamiento verde en colaboración con Nestlé y PYMEs. En concreto, nuestras acciones de difusión y articulación se tradujeron en la formación de 772 personas, con un cumplimiento de la meta del 257%, en la certificación de más de 89 empresas, en la integración de 17 empresas al Acuerdo de Producción Limpia de La Reina y en dos empresas con acceso a financiamiento verde. Estos resultados sientan una base sólida para el Año 3, orientado a profundizar la medición de impactos climáticos y económicos, y a escalar las iniciativas con mayor potencial transformador.

-¿Cómo el programa está abordando el desafío de habilitar la generación de capacidades?
Abordamos la generación de capacidades desde una perspectiva integral: formación técnica, transferencia tecnológica, difusión de buenas prácticas y acompañamiento estratégico. El objetivo es habilitar a las empresas para tomar decisiones informadas, gestionar riesgos climáticos, acceder a financiamiento verde e incorporar soluciones tecnológicas viables. Ponemos especial énfasis en PYMEs, donde la brecha de capacidades es mayor. Con herramientas prácticas, pilotos demostrativos y modelos de negocio validados, reducimos la incertidumbre y aceleramos la adopción climática.

-¿Qué avances destacaría en términos de escalamiento de soluciones y capacidades territoriales?
Un avance significativo ha sido el desarrollo de modelos territoriales replicables, como los distritos y parques industriales sostenibles, que permiten abordar la acción climática desde una lógica sistémica y no empresa por empresa. Estos modelos facilitan economías de escala, reducen costos de adopción y fortalecen capacidades locales para la implementación de soluciones de mitigación y adaptación.

Asimismo, el trabajo territorial ha permitido adaptar las soluciones a contextos productivos y climáticos específicos, fortaleciendo la apropiación local de la agenda climática. En este marco, destaca el proyecto BioAysén, que integra restauración ecosistémica, capital natural y resiliencia productiva como un modelo transferible a otras regiones, así como el piloto de certificación integrada de uso eficiente del agua y reducción de emisiones de GEI, que avanza hacia estándares comunes y escalables para sectores productivos prioritarios.

Estos avances sientan bases concretas para escalar soluciones con impacto territorial, articulando actores locales, capacidades técnicas y modelos replicables a nivel nacional.

-¿Han identificado barreras persistentes en el proceso de escalamiento de soluciones climáticas? ¿Qué acciones se están considerando para superarlas?
Sí, persisten barreras relevantes. Entre las principales se identifican la fragmentación institucional, las limitaciones de acceso a financiamiento en etapas tempranas, brechas de capacidades técnicas en los territorios y la ausencia de mercados consolidados para determinadas soluciones climáticas. A ello se suma que los tiempos de maduración de estos mercados suelen exceder los ciclos tradicionales de inversión y fomento.

Para abordar estas barreras, el programa está impulsando acciones concretas de articulación y coordinación, como los Diálogos por la Acción Climática, que buscan alinear a actores públicos, privados, financieros y territoriales en torno a agendas compartidas, reduciendo fallas de coordinación y acelerando la toma de decisiones. Asimismo, se están promoviendo mecanismos de financiamiento que compartan riesgos entre el sector público y privado, especialmente en etapas de pilotaje y escalamiento, junto con el fortalecimiento de capacidades técnicas a nivel territorial.

-En la nueva fase de implementación de pilotos ¿En qué estado se encuentra cada uno de ellos?
Al cierre del segundo año, los pilotos del programa se encuentran en distintas etapas de madurez, coherentes con la diversidad de sectores, territorios y soluciones abordadas. Algunos ya se encuentran en implementación activa con empresas y actores territoriales, mientras que otros avanzan en validación técnica, ajuste metodológico o estructuración de modelos de gobernanza y financiamiento para su posterior escalamiento.

Un elemento común a todos los pilotos es que cuentan con participación directa del sector privado, criterios definidos de impacto en mitigación y adaptación, y una orientación explícita a la replicabilidad territorial y sectorial, lo que refuerza su potencial de escalamiento en la siguiente fase del programa.

-En cuanto a BioAysén y el primer Banco de Biodiversidad del país ¿Por qué es un proyecto innovador?
BioAysén es innovador porque introduce una lógica de valorización económica del capital natural en la acción climática, integrando conservación de la biodiversidad, resiliencia productiva y desarrollo territorial. A través del Banco de Biodiversidad, el proyecto permite reconocer y valorizar activos ambientales, generar incentivos económicos para su conservación y canalizar inversión privada hacia soluciones basadas en la naturaleza.

Este enfoque representa un cambio de paradigma en la política climática, al demostrar que la protección de los ecosistemas puede ser compatible con la generación de valor económico, la competitividad territorial y la seguridad hídrica, abriendo nuevas oportunidades para su replicabilidad en otras regiones del país.

-¿Qué aprendizajes dejan estos casos para la política pública climática?
2025 marcó el paso de la planificación a la acción: implementación de seis iniciativas estratégicas, convenios público‑privados y consultorías técnicas que hoy son condiciones habilitantes para mitigación y adaptación. Esto redujo brechas de información, capacidades y coordinación, y sentó bases técnicas para el escalamiento. Los casos impulsados por el programa muestran que la política pública climática es más efectiva cuando habilita condiciones de mercado, reduce incertidumbre y acompaña al sector privado en la adopción de soluciones. Más que imponer soluciones, se trata de crear entornos favorables para la innovación. Asimismo, muestran la importancia de compartir riesgos en etapas tempranas, de articular actores públicos y privados desde el diseño de las iniciativas y de generar espacios de aprendizaje colectivo, donde la experimentación y el ajuste sean parte del proceso de implementación.

-¿Cuáles serán las prioridades estratégicas del programa para 2026?
El año 2026 marca un punto de inflexión para el Programa Transforma Cambio Climático, al iniciar una fase centrada en demostrar impacto, escalar resultados y consolidar la gobernanza. Las prioridades se concentrarán en fortalecer los sistemas de indicadores para medir impacto y adicionalidad, madurar los comités técnicos hacia instancias orientadas a la entrega de productos concretos, incorporando nuevos actores estratégicos y mejorando la articulación interinstitucional. En paralelo, se buscará escalar los casos exitosos, ampliando los pilotos validados a al menos 250 empresas adicionales y fortaleciendo la proyección regional del programa mediante alianzas y espacios de cooperación internacional.

-¿Se contemplan nuevos instrumentos, alianzas o enfoques para este año?
Sí. Para 2026 se contempla el desarrollo de nuevas alianzas estratégicas, ajustes a instrumentos existentes y la adopción de enfoques más integrados que conecten innovación, financiamiento, regulación y mercado. El foco estará puesto en acelerar la implementación, reducir las brechas que hoy limitan el escalamiento y fortalecer mecanismos que permitan compartir riesgos, movilizar inversión privada y consolidar soluciones climáticas con impacto territorial y sectorial.

-¿Qué oportunidades ve para fortalecer el ecosistema nacional de innovación climática?
Desde mi perspectiva, la gran oportunidad es conectar oferta tecnológica con demanda productiva real. En Chile hay conocimiento y talento, pero muchas soluciones no escalan porque no dialogan con los tiempos, restricciones operativas y financieras de las empresas.

Fortalecer el ecosistema implica invertir en capital humano especializado, activar redes regionales capaces de desplegar soluciones desde los territorios, y mecanismos de financiamiento que acompañen todo el ciclo de la innovación climática -no solo la fase inicial-. La coordinación es clave: evitar duplicidades, alinear esfuerzos y construir trayectorias claras para pasar del piloto al mercado con impacto real.

-¿Cómo visualiza la contribución del programa a las metas climáticas en 2026?
El foco estará en poner en valor y escalar soluciones que conectan clima, productividad y economía circular. Esto incluye la operacionalización del etiquetado ambiental y la medición de huella de carbono de producto, alineadas con HuellaChile, normas ISO y la Ley Marco de Cambio Climático; la consolidación del Observatorio de Bienes Públicos como herramienta para mejorar la toma de decisiones del sector productivo; el fortalecimiento del trabajo territorial, particularmente a través de BioAysén, como modelo replicable de soluciones basadas en la naturaleza con enfoque productivo, y la generación de ruedas de negocio que permitan conectar oferta y demanda en los mercados de carbono.

La contribución del programa no se mide solo en compromisos o declaraciones, sino en su capacidad de cerrar la brecha entre política pública e implementación real. Generar evidencia, aprendizaje práctico y modelos replicables que puedan ser adoptados por empresas, territorios y otros instrumentos del Estado es donde Transforma Cambio Climático aporta de manera más directa y estratégica, avanzando hacia una transición productiva sostenible, circular y resiliente.

-¿Qué mensaje daría a empresas y PYMEs que aún no se suman al programa?
Desde mi experiencia, la acción climática ya no es periférica ni solo regulatoria: es una decisión estratégica que define la competitividad futura. No incorporar el cambio climático en la gestión productiva ya no es una opción neutra: implica riesgos crecientes en costos, acceso a financiamiento, cadenas de suministro y posicionamiento en mercados cada vez más exigentes.

A las empresas y PYMEs les diría que Transforma Cambio Climático no es un espacio para "cumplir", sino para anticiparse. El programa ofrece acompañamiento, articulación y herramientas concretas para transitar este proceso de manera gradual, reduciendo incertidumbre y compartiendo aprendizajes. Sumarse hoy es innovar, fortalecer el negocio y construir ventajas competitivas reales en un contexto de transformación profunda de la economía.

-¿Qué aprendizaje personal valora más de su gestión en 2025?
El aprendizaje más valioso ha sido entender, con mayor profundidad, que las transformaciones estructurales no se imponen ni se aceleran solo con buenas intenciones o marcos normativos. Requieren tiempo, confianza y una coordinación constante entre actores muy distintos, con ritmos, lenguajes e incentivos propios. Cuando existe una visión compartida de largo plazo, es posible alinear intereses públicos y privados en objetivos comunes, incluso en contextos complejos. Ver cómo esa confianza se traduce en pilotos, alianzas y decisiones concretas ha sido uno de los aprendizajes más significativos y movilizadores del año.