El dilema acerca de Límites Máximos de Residuos

Fuente: Simfruit

Una muestra de la relevancia de la modificación de la normativa de Límites Máximos de Residuos en el mundo agrícola, es el webinar en el que tuve la oportunidad de exponer sobre LMR hace pocos días, con un registro récord de más de mil inscritos para conocer las implicancias prácticas de sus modificaciones y su cumplimiento, lo que refleja el nivel de interés y preocupación que existe ante una normativa que convoca a agricultores, productores, exportadores e importadores y fabricantes de fitosanitarios.

Razones de peso sobran para justificar este interés. Los Límites Máximos de Residuos tienen como propósito el resguardo de la salud de los consumidores -aunque no implica un riesgo de seguridad toxicológica, exceder las cantidades determinadas no resulta, necesariamente, una amenaza para la salud- y al mismo tiempo un estándar comercial tanto para el mercado interno como el internacional.

Los LMR tienen que ver con el consumidor final, con la inocuidad del producto y la seguridad del consumo de los alimentos; con que su ingesta no sea dañina en el largo plazo para el resguardo de la salud de las personas, buscando cumplir los estándares que internacionalmente se consideran como referencia para el consumo de alimentos inocuos.

Sin embargo, estos cambios de normativa afectan directamente la producción agrícola de exportación y consumo interno, en especial a los pequeños y medianos agricultores, para quienes es más complejo mantener sus cultivos productivos y rentables, y por otro lado cumplir con una normativa que, en caso de exceder alguno de sus límites, podría derivar en la pérdida de sus certificaciones, limitar sus posibilidades comerciales y acceso a mercados, quedando sujeto a multas y, por lo tanto, reducir la competitividad del sector.

¿Qué implicancias prácticas tiene esta modificación?

A nivel agrícola conlleva cambios en los períodos de carencia, que es el tiempo de espera que se recomienda entre la aplicación de un producto fitosanitario y la cosecha, debiendo modificar las recomendaciones de uso de productos fitosanitarios en cuanto a número de aplicaciones, dosificaciones, tiempo de espera entre aplicaciones, eliminación de usos, entre otras variaciones especificadas en las etiquetas de los productos y que son obligación para el agricultor.

Para AFIPA como gremio que representa a la industria de la protección de los cultivos, es muy relevante que los productores agrícolas dispongan de herramientas eficientes y seguras para aumentar su productividad. Creemos en la importancia de que las políticas públicas y regulaciones estén basadas en la ciencia, pero también consideramos clave que se tome en cuenta la realidad productiva del sector agrícola y la coordinación con otras normativas vigentes que regulan la actividad, como lo es la que corresponde al registro de productos fitosanitarios, de manera que su implementación no termine por perjudicar al sector.

Por ello, como AFIPA participamos activamente en la mesa de trabajo formada en 2015 para la actualización de la norma LMR, integrada por el sector público y privado, con organizaciones ambientales, exportadores y productores agrícolas.

Valoramos y concordamos con el propósito de esta norma y con el proceso de modificación, que consideró las diferentes visiones, aunque lamentamos la demora por parte de la autoridad para dictarla (más de 4 años desde que se sometió a Consulta Pública y la dictación de la resolución), como también el sistema de cascada que se incorporó para los ingredientes activos y cultivos no incluidos en la normativa (Codex, UE y USA) y los plazos establecidos para la entrada en vigencia por parte de la industria fitosanitaria.

Una política pública tan relevante para un sector estratégico del país debe ser posible de adoptar por todos los involucrados, y para ello se requiere una estrecha coordinación público privada que incorpore los tiempos necesarios para su adecuación e informar oportunamente a los agricultores.

Por esto, como AFIPA, estamos comprometidos en la difusión de los cambios y en trabajar junto a las autoridades pertinentes para que esta implementación en la práctica sea factible, afectando lo menos posible a los agricultores. No obstante, creemos también que en futuras modificaciones deben incorporarse las mejores prácticas internacionales, de manera de contar con una normativa moderna acorde al dinamismo de la Industria de la protección de los cultivos y a las necesidades de los agricultores, para así contar en el país con herramientas más seguras que favorezcan la productividad, la competitividad y que contribuyan a mejorar la sustentabilidad del sector agrícola.